En Colombia, tan solo en el 2020, 65 líderes ambientales fueron asesinados. Un tercio de la población eran indígenas y afrodescendientes, mientras la mitad eran agricultores a pequeña escala.
La ausencia de personas en las calles del mundo, durante los años más complejos de la pandemia, llevaron a creer que las consecuencias menos complejas de este capítulo de la humanidad sería en el medio ambiente. No obstante, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) evidenció que los delitos ambientales no disminuyeron, por el contrario, se incrementaron por la menor presencia de entes reguladores.
“Los actores al margen de la ley han aprovechado para realizar actividades ilícitas que tienen que ver precisamente con el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales”, dice María del Pilar García, directora del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Externado.
La normativa Iberoamericana es muy diversa en el campo medioambiental, cada país tiene sus respectivos instrumentos de protección del medio ambiente. De acuerdo con el análisis realizado por COMJIB, se entiende por delitos medioambientales las siguientes conductas: contaminación del medio natural, gestión peligrosa de residuos, explotación ilegal de instalaciones industriales, posesión, tráfico o matanza de especies animales y vegetales protegidas, daños en hábitats protegidos y enclaves de valor medioambiental, y eliminación de materiales nucleares y radioactivos peligrosos.
“En 2020 se batieron todos los récords de una pérdida de bosques primarios en el territorio peruano. Es que más o menos, la deforestación en Perú era de un promedio de 160 mil hectáreas, y en el 2020 pasamos de 160 mil a 203 mil hectáreas, que es el nivel más alto registrado que se tienen en estadísticas al respecto”, afirma el exviceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave.
La legislación de cada país es particular, no todos cuentan con un buen control en materia de delitos medioambientales. La mayoría carecen de herramientas para una ágil persecución de la delincuencia medioambiental, lo que se traduce en el incremento irregular de delitos, disparado principalmente en la pandemia. Sin embargo, hay otros países que sí cuentan con organismos especializados, lo que permite un correcto seguimiento, penalización y prevención de los distintos crímenes. Aquellos territorios que carecen de una legislación robusta y efectiva es donde mayores delitos se cometen, frente a los que sí cuentan con organismos de control especializados.
Sin embargo, la robustez de la legislación medioambiental no asegura que no se cometan delitos, puesto que países como Colombia y Brasil, que cuentan con amplitud de leyes, son los países con más lideres ambientales asesinados.
Según García, “el orden normativo por más complicado y lleno que esté no logra siempre traer como resultado la protección efectiva de los bienes que queremos proteger, que queremos tutelar”.
Por otro lado, es importante destacar que existe una gran disparidad en los países COMJIB en cuanto al grado de transparencia y acceso a la información estadística criminal, muy ligado a el tema de robustez institucional, debido a que estos países que no proporcionaron datos, en su mayoría son los mismos que carecen de herramientas legislativas efectivas.
La principal causa de estos delitos son los intereses económicos y esto desencadena la vulneración de una población que trabaja en defensa del medio natural, la mayoría son personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. Los sectores que más ataques a defensores medioambientales provocan son la explotación forestal, la gestión del agua, la minería y otras industrias extractivas y la industria agrícola. Colombia, México, Brasil y Honduras son las regiones más afectadas por este fenómeno. Por otro lado, La Amazonía Legal es el territorio más afectado por conflictos en defensa del medio ambiente.
Septiembre 2022, © Todos los derechos reservados