Fuente: COMJIB

Según una investigación de Global Web Index (GWI) durante el 2021 un usuario “típico” pasó casi 7 horas al día usando internet en todos sus dispositivos. En este mismo año, los ciberdelitos crecieron de manera alarmante, puesto que las condiciones en las que se desarrollan favorecen el modus operandi de los delincuentes: altas tasas de anonimato, mínimo de evidencia posible, vacíos jurídicos en los procesos, mínimo de conocimiento tecnológico disponible de las autoridades y el uso de criptomonedas como medio de valor de los delitos. Esto lleva a que robar en la web sea más fácil y cómodo.

Esta forma de delinquir a través del internet creó un nuevo ecosistema digital que dibuja un escenario inseguro para todos. La vulnerabilidad de la privacidad y el riesgo al que están expuestos los datos bancarios y personales de las personas es una realidad. Según la COMJIB, en Iberoamérica, delitos como el ransomware, que combina el acceso a un sistema o dato, el daño o alteración de este y la extorsión, tuvieron un aumento del 435% durante el 2021 y se estima que su costo superó los 6 trillones de dólares.

Otros delitos también presentaron un aumento notable en las cifras de denuncias; por ejemplo, los fraudes informáticos. Casi el 60% de las empresas manifestaron que una de sus principales preocupaciones es la posibilidad de un ataque tipo phishing, el cual hace referencia a un proceso de ingeniería social que se lleva a cabo antes de realizar una estafa o secuestro de datos.

El aumento de ciberdelitos no se dio solo en materia de robo de datos o estafa, también se verificó un aumento en delitos contra la niñez, como la comercialización de pornografía infantil o el grooming, que se refiere a la acción de acosar sexualmente a un menor por un medio digital. Según la COMJIB, estas fueron las acciones delictivas que mayor aumento presentaron entre el 2020 y 2021.

En Colombia, entre los años 2018 y 2021, se presentó un aumento de casi el 50% en delitos de pornografía infantil y hurto por medios informáticos; además hubo un aumento del 300% en acceso abusivo a sistema informático. Lo anterior como muestra del incremento exponencial de los ciberdelitos durante la pandemia.

Este aumento en las cifras hizo visible la carencia de políticas públicas y leyes que sirvieran para regular las actividades delictivas que cada vez eran más constantes en todas las dinámicas que involucran la relación entre máquinas, tecnología y humanos.

“El mundo digital es una extensión del mundo análogo y hay una carencia en nuestra región. Los Estados no han avanzado para poder orientar, proteger y evitar la impunidad" afirma Juan Martin Pérez García, coordinador regional de la infancia tejiendo redes infancia en América Latina y el Caribe de México.

Por esta razón es de vital importancia hacer uso de la mayor cantidad de herramientas que permitan la prevención y respuesta rápida ante estas formas delictivas. Una de estas herramientas es el Convenio de Budapest, donde se reconoce la necesidad de cooperación entre los Estados y el sector privado para la lucha contra la ciberdelincuencia dentro de un ámbito de colaboración internacional.

Países como Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador, Bolivia y Brasil, los cuales representan el 50% de Latinoamérica, decidieron no firmar este convenio, esto podría entorpecer las redes de cooperación internacional en la región.

Por otro lado, ya se están implementando diferentes estrategias para contribuir a la respuesta rápida. Por ejemplo, en 2020 Argentina tuvo un 6.500% de aumento de denuncias ingresadas al Ministerio Público Fiscal por casos de fraude en banca electrónica. Por esta razón se está llevando a cabo un relevamiento judicial sobre causas penales iniciadas con la finalidad de registrar y clasificar nuevas modalidades delictivas relacionadas con el uso indebido e ilícito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.