Durante el 2019, Argentina solo presentó 2 casos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. En el 2020, aumentó a 3 y en el 2021 a 4.
Las cifras de corrupción en Iberoamérica, especialmente en América Latina, han generado un descontento en la población por la consecuencias que generan. Los recursos gubernamentales, en muchas ocasiones, no son bien utilizados para políticas públicas y se desvían para acuerdos de dudosas procedencias.
Según Transparencia Internacional, entidad encargada de analizar la percepción de corrupción a nivel global, esta problemática se convirtió en una grave crisis durante los años más álgidos de la Covid 19 -2020, 2021-. En Ecuador, por ejemplo, se presentaron sobrecostos en la compra de insumos de bioseguridad; en Bolivia hubo irregularidades en la adquisición de tecnología médica; en Colombia se presentaron casos de contratos sin cumplimientos legales; y en Argentina se desviaron las miradas a posibles irregularidades en el plan nacional de vacunación. Así como en estos cuatro casos, varios países de la región iberoamericana se vieron envueltos en problemáticas relacionadas y tuvieron consecuencias legales. Esto según el informe revelado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
El documento expresa, en cifras, cómo la mayoría de los países de la comunidad tuvieron casos de corrupción y cómo debieron hacerle frente para intentar contrarrestarla. De hecho, según la COMJIB “Esta situación ha sido especialmente grave en Latinoamérica, lo que llevó a las Naciones Unidas a crear un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, a los fines de evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos”. Con los ojos de la ONU puestos encima, cada nación tuvo que emplear políticas nacionales para priorizar la transparencia en sus adquisiciones.
Por ejemplo, en Argentina hubo 13 casos de fraude en administración pública en 2021, 2 más que en 2019. Además, hubo otros dos delitos que alertaron a la justicia: primero, el incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad, que pasó de 2 en 2019 a 7 entre 2020 y 2021; y segundo, el enriquecimiento ilícito, que varió de 7 en 2018 a 8 durante la pandemia.
Brasil también presentó cifras crecientes de corrupción: entre 2020 y 2021 hubo 624 denuncias por soborno a funcionarios públicos, 99 casos más que en 2018 y 2019. Además, presentaron 1.510 desvíos de recursos públicos, 800 casos de tráfico de influencias y 242 casos de lavado de dinero.
Colombia, durante el 2020 y el 2021, presentó 726 casos de cohecho, 7.578 casos de malversación o peculado, 765 casos de tráfico de influencias, 37 personas privadas de la libertad por enriquecimiento ilícito y 1.502 denuncias por lavado de dinero.
El imprevisto de la Covid-19 hizo que varios países de la comunidad tomaran medidas gubernamentales de última hora, lo cual dio pie a actos de corrupción en la adquisición de vacunas, ayudas económicas a las comunidades, compra de insumos de bioseguridad, tecnología médica, entre otras. Esto es suficiente para que se promueva la articulación entre ministerios y fiscalías, así como el funcionamiento de entidades que actúen como gestores de prevención en delitos de corrupción.
Septiembre 2022, © Todos los derechos reservados